El informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que advierte sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto Antel Arena replanteó el debate sobre la verdadera potestad de este organismo de contralor que no tiene poder sancionatorio. El ministro del TCR perteneciente al Partido Nacional Ruperto Long dijo a En Perspectiva que observó «con mucha preocupación» que la presidenta de Antel, Carolina Cosse, haya dicho después de conocido el informe que el proyecto «seguirá como está pautado». «Es la rotura de un dique, hasta ahora en general se había respetado que cada organismo hace aquellas cosas que la ley le encargó, no usa el dinero para lo que quiere», dijo, señalando que «esa es la forma de evitar el caos administrativo». Para Long los dictámenes del tribunal «debieran ser de obligatorio cumplimiento» pues, además de ser esa «la dirección en la que va el mundo», el Estado «funcionaría mucho mejor por el camino del derecho que por el de buscar estos vericuetos extraños».
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